La Dirección General de Costas, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, se pronunció ayer sobre la sentencia contra Fertiberia, aunque de un modo ambiguo. Costas aseguró que “pretende llevar a efecto el estricto cumplimiento de la sentencia, en la forma que resulte más conveniente para garantizar los intereses generales y, especialmente, para asegurar las adecuadas condiciones de seguridad, en cuanto a la emisión de productos contaminantes a la ría en el futuro, así como para acometer de forma eficaz, la restauración ambiental y funcional de los terrenos de la antigua concesión”.

Estas declaraciones hacen referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha de 27 de junio, por la que se desestima el recurso presentado por Fertiberia contra la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 27 de noviembre de 2003, por la que se declaraba la caducidad de la concesión administrativa otorgada a esa compañía para el vertido de subproductos industriales de la planta de ácido fosfórico que tiene en la zona.

Esa escueta exposición era la realizada por la Dirección General de Costas tras la reunión que se mantuvo el pasado miércoles entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para analizar qué derroteros seguirá el cumplimiento de la famosa sentencia.
Una primera reunión que podría considerarse infructuosa por no dar respuestas concretas a las preguntas sobre el caso Fertiberia, ya que, al menos según la información salida a la luz pública, no se ha especificado nada acerca de cuestiones como qué plazos se estipularán para la recuperación de las balsas ni quién pagará esta tarea. Tampoco, y quizá lo que en primera instancia pueda preocupar más a los trabajadores, se ha dicho nada sobre si la Dirección General de Costas procederá a la ejecución de la sentencia tal y como le han reclamado varias organizaciones ecologistas, mientras que la empresa afectada se ha presentado ya un escrito para iniciar el recurso a la sentencia. En otras palabras, desde la Administración no se ha clarificado cuál será el futuro de la empresa y tampoco la actuación a seguir, por lo que parece que todo queda a expensas de un paso de Fertiberia.

En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz, Justo Mañas, que estuvo presente en la reunión, indicó ayer que “las administraciones central y autonómica cumplirán el espíritu de la sentencia emitida por la Audiencia Nacional e instarán a la empresa a proponer medidas para hacer frente a la situación”.

Ésta, por lo tanto, y en palabras de Mañas, fue  una de las conclusiones a las que se llegó en esa reunión. En rueda de prensa, el delegado del Gobierno indicó que “se respetará el contenido de la sentencia, articulando alternativas que permiten el desarrollo de una actividad industrial razonable con el entorno y que garantice el empleo”. Consciente de que esto es “complicado”, Mañas manifestó que en estos momentos, tras la emisión de la sentencia, es Fertiberia “la que debe de plantear al Ministerio de Medio Ambiente cuáles son sus expectativas en relación al futuro industrial”.

Asimismo, explicó que habrá que tener en cuenta la decisión de la Audiencia Nacional en relación al recurso de casación presentado por la empresa a la sentencia en el que se pide, además, la suspensión cautelar de la misma. Por último, reiteró la necesidad de buscar soluciones que “permitan una actividad industrial perdurable en el tiempo y respetuosa con el medio ambiente” y abogó por la articulación, por parte de Fertiberia, de propuestas. No hay que olvidar que la propia consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, recordaba el lunes que si Fertiberia optaba por marcharse no lo haría sin haber realizado antes, una regeneración ambiental de las balsas de fosfoyeso.