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La Permisividad de la Administración |
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domingo, 01 octubre 2006 |
CONDENA POR DELITO ECOLÓGICO
Clama al cielo la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que ampara una situación ilegal e incluso actúa como complice de ella. Más grave aún cuando sigue consintiendo un vertido enmascarado de la misma sustancia.
José Manuel Cantó Romera
Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía.
Los hechos:
a) Una reciente sentencia judicial, vía penal (enero 1999), que condena por delito ecológico a un año de cárcel al Director General de una empresa del Polo Químico de Huelva –Atlantic Copper- (la mayor fundición de cobre de Europa) y declara que los residuos que producen, denominados ácidos débiles, cargados de metales pesados y, especialmente, de arsénico, son tóxicos y peligrosos, enunciando de forma clara y explícita que se está realizando un transporte y una gestión ilegal, puesto que la empresa no tiene autorización para ello.
b) La noticia de la confirmación por la Audiencia Provincial de Huelva de la resolución de la anterior sentencia, calificándola de modélica en su género.
Los ciudadanos podemos alegrarnos de que se imponga la razón y se solucione un problema ambiental creado por la interesada (económicamente hablando) actuación de una empresa a la que se la ha pillado “in fraganti”. Si sólo se tratara de eso, no procedería más comentario, pero resulta que no encontramos ante una sentencia judicial condenatoria que al hacerse firme está poniendo en evidencia determinadas incongruencias: ¿cómo puede ser cierto que la Consejería de Medio Ambiente esté amparando, de palabra y por escrito, la posición de la empresa que ha sido condenada? Una de dos, o la sentencia que ahora se ha hecho firme está equivocada, o la Junta de Andalucía ha mentido. Para quien esto escribe no existe duda: la única opción valida es la segunda y, además, por mi antigua condición de Jefe de los Servicios Técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y responsable del Plan Corrector de Vertidos de Huelva, estoy en condiciones de afirmar con rotundidad que la Junta lo sabía, lo ha permitido y ha intentado ocultarlo. El silogismo que se desprende es inmediato y, desde esa posición reclamo la intervención de facto del sistema judicial, exigiendo las responsabilidades que procedan a quien corresponda puesto que tienen nombre y apellidos.
Este sistema debiera funcionar de oficio, y no obligando a los ciudadanos a que se personen como acusación popular, para después negarle el reembolso de las costas procesales aun evidenciándose la culpabilidad de la parte contraria.
Clama al cielo la actitud recalcitrante de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que ampara permisivamente una actuación ilegal e incluso actúa como complice de ella. Más grave aún: sigue consintiendo un vertido enmascarado de la misma sustancia y por los mismos hechos que han sido condenados, porque no hablamos de algo que se haya producido puntualmente, sino que, como recoge la sentencia de la Audiencia de Huelva, “estamos ante un plan operativo cuidadosamente elaborado y costoso, que se ejecuta de forma habitual y cotidiana a lo largo de, al menos dos años, con vertidos de nada menos que 40.000 toneladas anuales, lo que requiere de una infraestructura, de unos medios materiales y de una planificación impensables sin el conocimiento y la autorización del máximo responsable de la entidad”. Al día de hoy, el vertido planificado continúa, aunque duplicado a unas 80.000 toneladas anuales, camuflado bajo un pretendido aprovechamiento que ambas sentencias han reconocido como inverosímil, mientras que la Consejería sigue justificando que todo es correcto. Se encuentra con un grave problema: ha mentido tanto y lo ha hecho de forma tan documentada, que cualquier actuación judicial que le exija responsabilidades podría ser no sólo un posible y único delito, sino que existen hasta seis posibles tipificaciones de índole penal en las que podrían haber incurrido nada menos que todo un Director General de Protección Ambiental, amén de una larga lista de funcionarios y algún que otro alto cargo.
Flaco favor el que nos hace a los ciudadanos una Consejería, posible cómplice en un delito ecológico, que no sólo nos toma el pelo, sino que además le permite a esa empresa la impunidad en la degradación del entorno en que vivimos, sometiéndonos a unos importantes riesgos sanitarios que, desgraciadamente, ya se han traducido en consecuencias graves para muchas personas que podrían y deberían exigir las responsabilidades que le corresponden tanto a la empresa Atlantic Copper como a la Consejería. ¿Sabrá algo de esto Henry Kissinger, ex secretario de estado de EE.UU. y premio Nobel de la Paz, máximo representante de los accionistas de la empresa condenada en su calidad de Consejero Delegado de Freeport McMoran? Es la propia administración la que hubiera debido actuar contra la empresa infractora de la Ley Básica 20/86 de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
El incumplimiento de su obligación en ello está situando a la Junta en una posición muy próxima al quebrantamiento de la legalidad vigente, por no decir que ya lo ha hecho, dando con ello lugar a que determinadas e importantes empresas actúen con excesiva imnpunidad cuando saben que tienen de su lado a responsables de la Consejería de Medio Ambiente cuyas laxas y discutibles actuaciones les ponen a cubierto administrativamente.
No olvidemos que nos encontramos ante un acto de camuflaje de un vertido que se prolonga durante casi doce años, en el que se ponen en juego centenares de miles de toneladas de residuos altamente contaminantes y con incidencia sobre la salud pública y que, aun después de una sentencia judicial condenatoria firme, se sigue efectuando y manteniendo esa situación sin que la Administración competente quiera dar marcha atrás.
El rizo de este asunto lo pone la circunstancia de que la empresa –Atlantic Copper- que realiza estas prácticas, repudiables ambiental, administrativa y penalmente, haya sido premiada recientemente por su buen hacer en la gestión ambiental, cuando la tozuda realidad se empeña en demostrar lo contrario. Probablemente haya que enviar a los órganos responsables de conceder esas calificaciones la sentencia condenatoria por delito ecológico que ha recaído sobre la empresa a fin de que varíen su criterio sobre la misma.
El hecho es que la Justicia se ha pronunciado y lo ha hecho con sentido de la realidad, condenando de forma explícita y clara lo que está amparando sibilinamente la otra Administación: la Consejería de Medio Ambiente.
El consejero debería informarse acerca de por qué algunos de sus colaboradores directos están implicados en lo que puede llegar a ser un auténtico escándalo político aparte de estar constituyendo una chapuza medioambiental.
Además de que deban esclarecerse esas circunstancias, los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir a quienes nos gobiernan que nos protejan contra los riesgos sanitarios y ambientales que han quedado claramente establecidos en el juicio.
La otra exigencia, la del derecho a contar con una Administración Ambiental que nos represente y ayude, en lugar de engañarnos, es tan obvia que no merece más comentario. Ninguna empresa sería tan tozuda en el mantenimiento de una situación ilegal, como lo está siendo Atlantic Copper, si no fuera por la irracional actitud de la Consejería de Medio Ambiente que se presta a esa ilógica manipulación.
Alguien debería dar una respuesta.
FUENTE: DIARIO DE SEVILLA (Jueves, 18/Noviembre/1999)
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