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Consejería contra el medio ambiente |
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viernes, 29 septiembre 2006 |
EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS TÓXICOS
El autor denuncia la actitud de la Administración andaluza en relación con la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos y reclama que se asuma la realidad de esta situación para eliminar riesgos futuros.
José Manuel Cantó Romera
Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía.
Una Administración que actua contra todo criterio racional en la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos permitiendo que decenas de millones de toneladas se escondan ilegalmente, y que ampara y exonera de sus responsabilidades administrativas a quienes así actúan, una de dos o no sabe lo que hace, y debería pedir responsabilidades por ello, o prevarica de forma descarada emitiendo resoluciones injustas a sabiendas: lo cual exigiría una intervención judicial.
El caso de los residuos tóxicos del Polo Químico de Huelva conforma una explosiva y peligrosa situación ambiental y de riesgo sanitario uqe esta propiciada fundamentalmente por la actitud oscurantista y estudidamente evasiva del director general de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía, Francisco Tapia. Este, desde su posición como Administración Sustantiva, decide lo que es un residuo tóxico y peligroso y lo que no lo es en función de los intereses de las empresas y nunca desde el interes de la condición de una Administración que debe velar por la correcta gestión de los residuos.
El director general de Protección Ambiental no puede huir de sus responsabilidades utilizando su capacidad como Administración para exonarse a si mismo decidiendo lo que a él le conviene en cuanto a la clasificación de un residuo de forma que se escondan así sus más que evidentes contradicciones. De esta manera ha creado una situación de riesgo sin precedentes sobre el Parque Nacional de Doñana y el Paraje Natural Marismas del Odiel.
Si la catástrofe de Aznalcóllar ha marcado un hito como ejemplo de la capacidad de intervención humana negativa sobre frágiles ecosistemas, todo el mundo debe saber, y yo lo proclamo, que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta está ocultando, propiciando y tolerando la existencia de riesgos mucho más elevados que el que se materializó el pasado abril de 1998 con la rotura de la balsa de residuos de Boliden Apirsa a través del mantenimiento de una situación que ya ha sido declarada ilegal judicialmente y que, sin embargo, la Administración andaluza ampara con total descaro en beneficio únicamente de intereses económicos de grandes empresas.
La utilización desde hace treinta y cinco años de las Minas de Huelva y Sevilla como sumideros de los residuos industriales del Polo Químico de Huelva es un hecho incontrovertible que la Consejería pretende camuflar bajo un pretendido aprovechamiento (tomen nota los jueces de que cuando eso se afirma hay que demostrarlo) o bajo una inadmisible catalogación como residuo minero cuando la procedencia tiene su origen en una industria química.
En Aznalcóllar (Sevilla) se ocultan, enterrados en sus escombreras, y sin ninguna intención de aprovechamiento posterior, cuatro millones de toneladas de residuos tóxicos procedentes de la empresa Foret en Huelva. Que el director general de Protección Ambiental diga que no son residuos porque se han llevado allí para su posterior aprovechamiento es algo que no basta con decirlo; tiene que demostrarlo, y yo aseguro que no puede hacerlo. Esto debiera bastar para que la Fiscalía de Sevilla interviniera y estudiara si existe la posibilidad de que puedan derivarse responsabilidades penales.
En Minas de Riotinto sigue realizándose una pantomima de aprovechamiento de otro residuo tóxico procedente de la fundición de Atlantic Copper que ya ha sido declarada ilegal judicialmente (en instancia penal), trasladándose ahora el riesgo desde la cuenca del Río Tinto a la del Odiel, en cuyo estuario final se ubica otra Reserva Natural de la Biosfera: las Marismas del Odiel.
En Riotinto existe una balsa de residuos diez veces mayor y más tóxica que la de Aznalcóllar y en Tharsis se acumulan decenas de millones de toneladas sin control que la Junta trata de camuflar.
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La balsa de Aznalcóllar es una minima muestra del riesgo que soporta esta otra zona húmeda, ya que existe un depósito de residuos en Riotinto que multiplica por un factor de 10 el volumen allí almacenado (esto es de 300 millones de metros cúbicos), pero con la agravente de que, en este vertedero existen residuos más complejos y peligrosos que en el caso de la tristemente famosa balsa sevillana, ya que incluye residuos de la industria de pigmentos de titanio (Tioxide), ácidos débiles con arsénico, cadmio y plomo (Atlantic Copper), cenizas de pirita con arsénico al 1 por ciento (antigua FESA), cianuros de la extracción mineralúrgica de oro, mercurio –en cantidades desorbitadas- porun descontrol en la fusión de lingotes, etc. etc. En Minas de Tharsis se acumulan decenas de millones de toneladas de residuos tóxicos procedentes de la empresa Fertiberia cuya existencia, carente de los controles que marca la Declaración de Impacto Ambiental –claramente incumplida-, pone en peligro el previsto embalse de Alcolea, con el que se pretende poner en regadio miles de hectáreas, amén de amenazar directamente la supervivencia de las Marismas del Odiel. No es casual que la Fiscalía de Huelva haya presentado pliego de actuación imputando a cuatro representantes de las empresas implicadas, a pesar de que el delegado provincial de Huelva de la Consejería de carta de impunidad administrativa a un movimiento de tres millones de toneladas de residuos que se está produciendo en este momento pero, que según él, no son tóxicos y ni siquera residuos, ya que se aprovechan enterrándolos para siempre.
Flaco favor nos hace una Consejería de Medio Ambiente que presume de su Corredor Verde en el Guadiamar como si nos descubrera la polvora, cuando en realidad no intenta otra cosa que lavarse la cara sin asumir sus tremendas responsabilidades que nos cuestan riesgos y mucho dinero a los ignorantes administrados que sólo lo molestamos con nuestras incómodas preguntas. Hubo un tiempo en que advertimos desde dentro de los peligros que ahora pagamos, pero nunca un político quiso hacer caso de un humilde funcionario; es más fácil fulminarlo administrativamente.
Es el momento de asumir con decisión la existencia de estas peligrosas e incontestables realidades al fin de eliminar o disminuir los riesgos futuros sobre el importante patrimonio de la Humanidad que son las zonas húmedas, evitando que la gestión de algunas personas, como Tapia Granados, que sólo huye hacia delante para ocultar sus responsabilidades, se interponen en el camino de los auténticos intereses de la defensa del Medio Ambiente.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no tiene derecho a seguir ocultando estas situaciones a través de algunos de sus altos cargos. La única forma de recuperar credibilidad es depurando responsabilidades y acutando correctamente en el ejercicio de sus funciones, cosa que rehuye desde hace varios años. El problema es que las responsabilidades salpican tan alto que habría que empezar por el propio consejero y es un hecho evidentemente claro que esta Administración no se distingue por reconocer sus errores, cuando menos sus posibles delitos.
FUENTE: DIARIO DE SEVILLA (Martes, 5 de octubre de 1999)
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